Un fallo judicial obliga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a costear el tratamiento a un paciente de 31 años con epilepsia que no tiene obra social, y le otorga como plazo dos días para cubrir el cien por ciento de la medicación.
Así lo dispuso el magistrado Marcelo Segón, subrogante del juzgado n.º 19 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por un hombre con un cuadro de epilepsia encefalopatía no especificada.
El paciente, que tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, se atiende desde hace 20 años en el hospital Argerich, donde los profesionales le recetaron varios medicamentos.
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A raíz de un amparo presentado por el hombre, el juez le ordenó al Gobierno porteño garantizarle el derecho a la salud, y para ello tendrá que cubrir la entrega de los fármacos durante el tiempo que dure su tratamiento, entre los que se incluyen Levetiracetam 1000 mg., 90 comprimidos; Clonazepan 0.5 mg., 60 comprimidos; Topiramoto 50 mg., 30 comprimidos; y Lamotrigina 100 mg., 90 comprimidos.
De acuerdo con lo que informó el sitio iJudicial, el magistrado acreditó que el hombre padece de discapacidad y que, según se desprende de las constancias, no se encuentra afiliado en el Programa Incluir Salud ni a ninguna obra social vigente.