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Es por los incrementos en las tarifas del servicio público que realizarían las empresas distribuidoras el marco del procedimiento de licitación para la compra del fluido
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestó su preocupación ante e Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por los incrementos en las tarifas del servicio público que realizarían las empresas distribuidoras el marco del procedimiento de licitación para la compra del fluido.
En ese marco, participarán de una reunión conjunta con los representantes del Ente el martes 12 de febrero.
Del particular caso se han hecho eco los ombudsman de Avellaneda y Lanús, doctores María Laura Garibaldi y Alejandro Gorrini, respectivamente.
El documento emitido recientemente por Adigas, la Asociación de Distribuidoras de Gas, señaló que de aprobarse el cambio en los plazos de pago a productores de 75 a 30 días se produciría un desfasaje que los obligaría a recurrir a financiamiento externo con un elevado costo por las altas tasas de interés vigentes, gastos que serían trasladados a las tarifas de los usuarios.
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Los ombudsman de todo el país coincidieron en rechazar la posibilidad de trasladar los costos surgidos de cambios en las relaciones contractuales de distribuidores con productores, “ya que nunca pueden ser los usuarios quienes carguen con las diferencias económicas derivadas de cambios en los términos de contratación”, se precisó en un comunicado.
Además, sostuvieron que “debe tenerse en cuenta el principio esencial de la participación ciudadana mediante audiencia pública, además de los principios rectores en materia tarifaria de certeza, previsibilidad, gradualidad, y no confiscatoriedad exigidos por la Corte”.
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